Hay un viejo principio en economía que conocemos por sus pintorescas siglas en inglés: principio TANSTAAFL (con alguna variante, como TINSTAAFL), esto es, There Ain't Such a Thing As a Free Lunch, "No existe el almuerzo gratis". Sentido palmario: nadie da algo por nada. Es lógico que muchos economistas neoclásicos y, desde luego, neoliberales, en la escuela de Milton Friedman, lo consideren el núcleo de la ciencia económica. Era, desde luego, el faro de la vida de Margaret Thatcher quien no solo se rigió por su otro principio, también famoso, llamado TINA (There Is No Alternative), "No hay alternativa", como siempre sostienen los políticos conservadores sino también por el TANSTAAFL. No hay alternativa y no hay almuerzos gratis. Por todo hay que pagar. Muy bien.
Pero ¿quién?
Y ahí está el asunto, el busilis de la economía y de la política, así como de la ética y de otras ciencias y saberes adyacentes. ¿Quién paga? El gran éxito de la llamada revolución neoliberal consistió en convencer a la opinión de que el Estado del bienestar era un desastre y un despilfarro, además de tremendamente injusto porque se financiaba esquilmando a las clases medias (y altas; pero de esas se hablaba poco). Además de injusto, ese Estado era incompetente y retardatario porque al detraer recursos del sector privado para financiar el ruinoso régimen asistencial, se refrenaba la capacidad de crecimiento y acumulación de riqueza que es siempre el sector privado. Es decir, el Estado del bienestar, que pagaban las clases medias y altas, debía desaparecer porque era despilfarrador, injusto, inútil y contradictorio. Los recursos debían volver al sector privado por el bien de todos.
Fue un relato muy exitoso que caló en la sociedad. Lo cual ha permitido que gobiernen partidos de la derecha en Europa que aplican este criterio a través de un programa de privatizaciones y recortes del gasto público. Y lo que han conseguido, a primera vista, es borrar los límites entre lo privado y lo público, poniendo lo segundo al servicio de lo primero con toda claridad y financiándolo con los dineros del común.
El escándalo de Aznar que trae hoy en portada El País es descomunal. Va a significar un antes y un después en el asunto de la corrupción del PP. En los años más duros de la oposición al felipismo, la cúpula del PP, con Aznar a la cabeza, cobraba supuestamente suculentos sobresueldos por conceptos nebulosos y tortuosos. El mismo Aznar que se erigía en campeón de la lucha contra la corrupción socialista. Todavía resuenan sus "¡Váyase, señor González!" con la solemnidad de un puritano condenando el boato de una corte dispendiosa.
Breve digresión. Se recordará a Palinuro diciendo que, escandalosos como eran los papeles de Bárcenas, lo más gordo, la traca, debía de estar en los de los años de 1993 a 1997, que faltaban en una primera entrega. Ahí estarían los nombres. Ya ha aparecido el de Aznar. Pero sin duda habrá más y ahí puede estar la clave del silencio de La Moncloa. Y más nombres aun, algunos de los cuales asoman en el runrún de los artículos de Raúl del Pozo, quien dice haberlos visto. Fin de la digresión.
También se recordará que Aznar se querelló con la rapiudez del rayo contra El País por vincularlo con el cobro en negro. Con el titular de hoy, la cuestión ya no es si el irritable expresidente cobraba o no sino si lo que cobraba puede llamarse "negro" o "marrón" o lo que sea.
Por lo demás, TANSTAAFL. Esos dineros de "gastos de representación" estratosféricos salen de los dineros públicos. Porque, aunque según dice Bárcenas, él hacia contabilidad creativa con donativos de los empresarios a "título individual", esos dineros permitían destinar los otros con comodidad a otros fines del partido y, por tanto, pueden considerarse financiación ilegal. Financiación ilegal con fondos públicos para el partido que, según Aznar, era incompatible con la corrupción.
Con fondos públicos paga la Casa Real sus gastos en la defensa de la infanta Cristina, gastos que debieran salir de su bolsillo personal o del de su amantísimo padre. Pero el bolso personal del Rey está provisto igualmente con fondos públicos. Es decir, los contribuyentes tenemos que pagar los gastos de defensa de una persona a la que se acusa de haberse apropiado indebidamente de fondos públicos. Al parecer, el TANSTAAFL no funciona siempre o, para ciertos justiciables, no funciona nunca simplemente por ser ellos quienes son.
Los obispos han lanzado una campaña tremenda en contra de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Algunos prelados, como Reig Pla, recordando otras épocas, más acordes a su mentalidad, atribuye el aborto en España a una conjura internacional contra la humanidad, la conspiración judeo-masónica. Y el obispo Munilla, no menos inspirado, atribuye el aborto a un perverso designio del PSOE de acabar con los pobres. Para propalar esas agudas doctrinas, la jerarquía ha presupuestado una millonada en cartelería, spots televisivos, cuñas de radio, panfletos, estampitas y lo que se tercie. ¿De dónde sale ese dinero? Del caudal de la Iglesia. Pero este es lo que, hasta la Segunda República, vino llamándose el presupuesto de culto y clero, consistente en trasferencias netas de fondos de las arcas del Estado a la Iglesia católica y que se mantiene al día de hoy con otros nombres, como asignación estatal a los gastos de esta confesión. El hecho es que la Iglesia financia sus campañas en contra del aborto con el dinero de los impuestos de muchos partidarios no del aborto (pues partidarios del aborto no hay) sino de que las mujeres puedan abortar.
La señora Cospedal entabla una acción judicial en contra de alguien que ha propalado un supuesto infundio o calumnia contra su marido y, al parecer, moviliza para ello los servicios jurídicos del gobierno autonómico que preside. Es decir, los ciudadanos tenemos que sufragar de nuestros bolsillos las gastos de defensa del marido de la presidenta de Castilla la Mancha por un asunto personal. Para esta gente parece no rezar el principio TANSTAAFL con el que nos infligen a los demás todo tipo de castigos y sacrificios.
El señor Carromero se mete en un lío en Cuba en cumplimiento de unas tareas encomendadas por su partido y hay que repatriarlo ya condenado, a costa ¿de quién? En principio del PP. Pero el PP se financia con dineros públicos. O sea, los ciudadanos tienen que costear la repatriación de un presunto agente del PP en Cuba igual que costean su salario como asesor municipal para lo cual no parece tener la menor capacitación.
La corrupción es el problema principal de España, como ya certifica el barómetro del CIS, si bien este lo sitúa en segundo lugar, por detrás del paro. Cosa tampoco muy decisiva ya que, en gran medida, el paro es producto de la corrupción. La corrupción es la abolición de los límites entre lo público y lo privado, poniendo lo primero al servicio de lo segundo.
Mientras esta lacra no se elimine, no se encuentre y castigue a los culpables, España no saldrá de la crisis. Es imposible con un presidente del gobierno que parece estar en los pápeles de Bárcenas, pero se niega a dar explicaciones.
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