España:La necesaria huelga |
Las
políticas públicas que el gobierno Rajoy en España y el gobierno
Mas en Catalunya están llevando a cabo están afectando muy
negativamente al bienestar de la mayoría de la población española,
incluyendo la catalana.
Sus
enormes recortes de gasto y empleo público están deteriorando los
servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad,
educación, servicios sociales, escuelas de infancia (mal llamadas
guarderías en España), servicios domiciliarios a las personas con
dependencia y servicios de prevención de la exclusión social, entre
otros, que configuran la calidad de vida de toda la población, y muy
en especial de las clases populares (la clase trabajadora y las
clases medias de rentas medianas y bajas), que son las que utilizan
predominantemente tales servicios.
Tales
gobiernos han reducido también las transferencias públicas tales
como las pensiones, de manera tal que los beneficiarios de estas
transferencias han visto reducir su capacidad adquisitiva de una
manera muy notable. Las pensiones de vejez, que son responsables de
que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya, no sean
pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo
de la inflación.
Como
consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en los medios
de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando,
una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal
incremento ha sido incluso más acentuado incluso entre los jóvenes
e infantes, resultado, en parte, de las reducciones de las ayudas a
las familias (ver la colección dirigida por Vicenç Navarro y Mónica
Clua, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia,
Observatorio Social de España, publicado recientemente por Ciencias
Sociales Ariel 2012).
Tales
gobiernos han aprobado también reformas laborales que se presentaban
como la solución para el elevado desempleo, que han tenido un
impacto contrario al que en teoría se deseaba, reducirlo. El
desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25% de la fuerza
laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra
nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la
población, creando un enorme sentido de inseguridad, responsable del
gran descenso de los salarios en España (lo cual, en realidad, era
el objetivo real, nunca explicitado, de tales reformas).
Tal
reducción de los salarios junto con los recortes tan notables del
gasto público y la destrucción de empleo (tanto público como
privado) han creado un enorme bajón en la demanda de productos y
servicios, responsable, en parte, del descenso tan marcado del
crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en
un informe del gabinete de estudios del Fondo Monetario
Internacional.
Tales
políticas están contribuyendo a la recesión que la economía
española, incluyendo la catalana, está sufriendo. De hecho, y tal
como algunos de nosotros hemos estado alertando desde el inicio de la
crisis, tales políticas no sólo han sido ineficaces en el intento
de facilitar la salida de nuestro país de la crisis, sino que han
sido contraproducentes, como los hechos se han encargado de mostrar.
Las
políticas que se están aplicando están afectando negativamente el
bienestar de la población y empeorando la situación económica
En
realidad era muy fácil predecir las consecuencias tan negativas de
tales políticas, pues iban en dirección contraria a las que los
gobiernos Rajoy y Mas deberían haber llevado a cabo, es decir,
políticas expansivas de gasto público, orientadas hacia la creación
de empleo, y políticas favorecedoras del aumento de la capacidad
adquisitiva de la población, tales como la subida de salarios. Son
estas medidas las que podrían sacar a España de la recesión, la
cual está profundizándose, yendo hacia la depresión.
Fue
mediante tal tipo de políticas que la administración del presidente
Roosevelt terminó con la Gran Depresión (existente en EEUU al
principios del siglo XX), expandiendo –a través del New Deal- el
gasto y empleo público, y facilitando la sindicalización a fin de
facilitar el crecimiento salarial. Un tanto semejante ocurrió en
Europa después de la II Guerra Mundial, cuando las economías
europeas estaban en recesión. Ésta dejó de existir a base de un
enorme aumento del gasto público, facilitado por el plan Marshall.
Y
hoy, cuando la economía española se está deteriorando, el gobierno
Rajoy y el gobierno Mas están recortando el único sector –el
sector público- que podría estimular la economía, pues el sector
privado esta paralizado debido a su enorme endeudamiento
(endeudamiento, por cierto, causado en gran parte por la disminución
de la capacidad adquisitiva de la población, resultado de la
reducción de los salarios y aumento del desempleo).
Tales
intervenciones son profundamente erróneas, y se están desarrollando
porque permiten alcanzar los objetivos que las fuerzas conservadoras
y neoliberales (que tales partidos gobernantes representan) han
deseado siempre, a saber, el debilitamiento y privatización del
Estado del Bienestar y la reducción de los salarios, debilitando a
los sindicatos. Y lo están consiguiendo a base de haber transmitido,
a través de los medios de información y persuasión públicos y
privados que las fuerzas conservadoras y neoliberales controlan, y
que son la gran mayoría, el mensaje de que no hay alternativas a las
políticas altamente impopulares que están desarrollando.
No es cierto que no haya alternativas
Pero
es fácil de demostrar que sí que hay alternativas. Por cada recorte
de gasto público que tales gobiernos están realizando a fin de
conseguir mayores ingresos al Estado, se pueden mostrar otras medidas
que podrían haber incrementado tales ingresos al Estado en
cantidades similares o incluso superiores a las que han conseguido a
base de recortes. Por ejemplo, en lugar del recorte de 6.000 millones
de euros en sanidad pública llevados a cabo por los gobiernos Rajoy
y Mas, se podrían haber conseguido 5.600 millones revertiendo la
bajada del impuesto de sociedades (que tanto el PP como CiU
aprobaron) de las empresas que facturan más de 150 millones de euros
al año (y que representan un 0,12% de todas las empresas españolas).
O en lugar de reducir las pensiones para conseguir 1.200 millones, se
podrían haber conseguido 2.100 millones manteniendo el impuesto
sobre el patrimonio, o 2.552 millones eliminando la bajada de
impuestos de sucesiones. O en lugar de recortar 600 millones de euros
para los servicios de dependencia, se podría reducir el subsidio a
la Iglesia católica (aprobado por el PP y CiU) para enseñar clases
de religión en las escuelas públicas. Y así, un largo etcétera.
En
realidad, el Estado español, tanto central como autonómico, podría
conseguir fácilmente más de 120.000 millones de euros, no sólo
corrigiendo el fraude fiscal (que está altamente concentrado en las
grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca) obteniendo
66.000 millones de euros, sino también corrigiendo la enorme
regresividad en las políticas fiscales. No es por casualidad que los
países de la Eurozona que están atravesando mayores dificultades,
con déficits públicos mayores (Grecia, Portugal, España e Irlanda)
hayan tenido todos ellos dictaduras o sistemas profundamente
conservadores que determinaron Estados pobres, con escasa conciencia
social (que explica el escaso desarrollo de sus Estados del
Bienestar) y poco redistributivos. Éstas son las causas de sus
crisis, puesto que la gran influencia que las fuerzas conservadoras
han continuado teniendo sobre sus Estados no han permitido cambiar
sustancialmente tal situación. España y Catalunya, 34 años después
de reinstaurar la democracia, continúan estando a la cola de la
Europa Social (su gasto público social por habitante es de los más
bajos de la UE-15). De ahí la urgencia de que haya una respuesta
conjunta en todos estos países frente al ataque frontal al bienestar
de su ciudadanía.
Las medidas antidemocráticas que se están imponiendo
Tales
políticas de austeridad están siendo apoyadas por las fuerzas
conservadoras y neoliberales que dominan el sistema de gobierno de la
UE, y que están construyendo esta Europa y esta España (incluyendo
Catalunya), a espaldas de los distintos pueblos y naciones que la
constituyen. Las políticas públicas que tanto el gobierno Rajoy
como el gobierno Mas están llevando a cabo son medidas que no tienen
ningún mandato popular.
Es,
por lo tanto, un ataque a la democracia española que merece una
respuesta contundente. Se están implementando medidas que afectan a
la calidad de vida de la ciudadanía, sin que la mayoría de la
población (incluso aquella que les votó) hubieran aprobado tales
políticas, ya que ninguna de ellas estaba en su programa electoral.
Mientras, las ayudas del Estado a la banca, que fue la que originó
la crisis con sus comportamientos especulativos, han alcanzado una
cifra enorme, equivalente casi al 10% del PIB, sin que ninguna ayuda
se haya proveído a las clases populares, que han sido víctimas de
tales comportamientos.
Hoy
en España, incluyendo Catalunya, el ciudadano que no está indignado
es porque no conoce lo que está pasando en su país. Nunca antes se
había hecho tanto para tan pocos a costa de la gran mayoría de la
población.
Dos
últimas observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en
Catalunya, resultado de las políticas que se están realizando, sin
que exista ningún mandato electoral para ello. Y existe también un
agotamiento que está conduciendo a una rendición, expandiéndose la
percepción de que las movilizaciones y la agitación social no
sirven para nada. Eso no es cierto. La constante manipulación de
nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que, mientras el
dictador Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.
De 1974 a 1978, España fue el país que proporcionalmente tuvo mayor
número de huelgas y manifestaciones populares que haya habido en
Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tal agitación social fue lo
que determinó la Transición de la dictadura a la democracia. Ahora
bien, consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras
todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal democracia tiene
enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda Transición
ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en
la que la ciudadanía sea la que configure las políticas públicas
del Estado, requerirá también una enorme agitación.
La
otra observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón
y medio de personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido
un enorme impacto a lo largo del territorio español. Ello es un
ejemplo que cuando la gente sale a la calle en protesta pueden tener
un gran impacto. No hay duda de que una huelga general con la
participación de millones de españoles que coincida con
movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona,
mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas
llevadas a cabo por los establishments español y catalán, así como
por el establishment europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran
efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba todo el argumentarlo
que utilizan tales establishments, cuando se presentan como los
portavoces del deseo popular.
Y
en España, tales movilizaciones exigiendo que se reviertan tales
políticas que carecen del apoyo popular, son continuadoras de las
movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto durante la dictadura
(que forzaron su fin), como después, durante el periodo democrático
(que determinaron una expansión de los derechos civiles, laborales y
sociales) y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales derechos,
sino la propia existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente
limitada en nuestro país) se está violando. En realidad, la
reducción de aquellos derechos es consecuencia directa de la
eliminación de la democracia, mediante la aplicación de medidas
carentes de mandato popular.
Vicenç
Navarro
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